CNN Español) — Una comisión mixta de la Asamblea Legislativa de Bolivia integrada para investigar las muertes en las poblaciones de Sacaba, Cochabamba y Senkata de El Alto durante la crisis social y política de 2019 recomendó este lunes en su informe final iniciar juicios de responsabilidades contra la presidenta interina Jeanine Áñez y varios miembros de su gabinete. La crisis se desató luego de las fallidas elecciones y la posterior renuncia del presidente Evo Morales, que derivó en enfrentamientos entre sectores afines al Movimiento al Socialismo y las fuerzas policiales y militares.
El diputado por el MAS Víctor Borda dijo este lunes en rueda de prensa que se sugiere hacer juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez por “los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas y asociación delictuosa”.
Jeanine Áñez respondió en Twitter: “El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”, escribió la mandataria interina de Bolivia.
Un juicio de responsabilidades es un mecanismo previsto en el país para procesar al presidente y al vicepresidente.
El informe final de la Comisión será presentado en los próximos días al pleno de la Asamblea Legislativa para su aprobación e inicio de los juicios correspondientes, según el diputado Borda.
El abogado constitucionalista Bernardo Wayar explica que, con base en la ley 044, la Fiscalía General del Estado deberá formular un requerimiento acusatorio y la primera votación en la Asamblea Legislativa sobre este juicio de responsabilidad deberá contar con los dos tercios de sus miembros y deberá ser en el mismo período legislativo. El 8 de noviembre asumen las nuevas autoridades electas.
Hasta el momento no se ha registrado ninguna reacción de otro miembro del gobierno de Áñez.
Tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, se desataron protestas a favor y en contra del gobierno en varios puntos del país. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, durante las manifestaciones murieron más de 30 personas, más de 800 resultaron heridas y al menos 360 fueron detenidas.
Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia el 12 de noviembre, un día después de la renuncia de Evo Morales. Poco después de asumir su mandato y en medio de las protestas, autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas a través del decreto 4078. Ese decreto eximía a las Fuerzas Armadas de Bolivia de responsabilidades penales en los operativos realizados durante las manifestaciones. Posteriormente, la medida fue revocada.
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