(CNN Español) –– La Fiscalía General de El Salvador encabezó al menos 20 allanamientos para buscar información sobre las compras de insumos médicos que ha hecho el Gobierno durante la pandemia de covid-19.
Según la Fiscalía de El Salvador, los registros los autorizó un juez. La entidad añadió que se llevaron a cabo en los ministerios de Salud, Hacienda y otras instituciones que no quiso precisar por tratarse de una investigación en curso.
El procedimiento se realizó con hermetismo. Hasta el final de la tarde de este lunes la Fiscalía confirmó que se trataba de diligencias por la investigación abierta tras supuestas irregularidades en la adquisición de insumos, como sobreprecios y violaciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP).
«La finalidad es recolectar toda documentación, toda información, soportes informáticos que nos permitan establecer circunstancias relacionadas con la emergencia en nuestro país», aseguró en breves declaraciones a la prensa German Arriaza, director de la Unidad Contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía.
CNN pidió reacción de la Secretaría de Prensa del gobierno. También a los Ministerios de Salud y Hacienda. Sin embargo, ninguno de los organismos respondió a la solicitud.
Por su parte, el ministro del Trabajo Rolando Castro calificó los registros de «circo del más barato y burdo», en su cuenta de Twitter.
La investigación de la Fiscalía de El Salvador
La investigación fue abierta «de oficio y por algunas pocas denuncias», sostuvo Arriaza en sus declaraciones a la prensa. Arriaza se refiere a denuncias presentadas por particulares y organizaciones sociales que consideran que el gobierno ha hecho mal uso de los fondos para atender la pandemia.
El propio fiscal general Raúl Melara tuiteó en junio que se abrió un expediente para «determinar si se ha abusado del dinero que debería haber sido utilizado para el combate de la pandemia» y desviado para fines distintos.
Una de las supuestas irregularidades la reveló ese mismo mes la revista Salud con Lupa. La publicación informó de la compra por US$ 250.000 en protectores faciales que hizo el Ministerio de Salud a una empresa de reciclaje de plástico, propiedad de Jorge Aguilar. Aguilar en ese momento era presidente del Fondo Ambiental de El Salvador.
El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones prohíbe ser proveedores del Estado a funcionarios públicos, titulares de instituciones y miembros del consejo de ministros, entre otros.
Las advertencias de Bukele
El presidente Nayib Bukele lo destituyó del cargo tras la polémica. «Mi conciencia está tranquila y la verdad triunfará nuevamente», dijo en su defensa Aguilar en su cuenta de Twitter.
El mandatario ya lo había advertido. «Les he dicho a mis funcionarios, en público y en privado, que al que robe yo mismo me voy a encargar de meterlo preso. Más si lo hace durante esta pandemia», aseguró Bukele el 27 de mayo.
Para hacer transparente el uso de los recursos públicos, el mandatario dijo que necesitaría de auditorías de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES). También de la Corte de Cuentas, la institución responsable de auditar el manejo de fondos en El Salvador.
La Corte de Cuentas lleva a cabo las auditorías al igual que la CICIES. En junio de este año, la comisión dijo en su cuenta de Twitter que comenzó el proceso para verificar los gastos incurridos durante la emergencia. Añadió que al concluir la investigación enviaría sus conclusiones a las autoridades pertinentes.
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